Poniendo en perspectiva cómo ha tratado el sector financiero a los consumidores y usuarios en la última década, podemos decir sin lugar a dudas de que se han utilizado técnicas que no favorecen para nada la confianza de los consumidores en los bancos. Existen muchos ejemplos, y el último de ellos es sin duda todo lo referente al Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados, que veremos más adelante tras explicar esta afirmación.
No cabe duda que durante los años de bonanza económica, los bancos fueron uno de los motores que impulsaron el desarrollo de la economía, dado que la concesión de prestamos al consumo y hipotecas fue realmente extraordinario. Pero cómo dice el dicho popular, nadie vende duros a cuatro pesetas.
Los bancos no contentos diseñaron una hipoteca en la que el interés era variable, es decir, se tomaba un porcentaje mínimo y uno máximo, y se hacía depender el porcentaje a pagar en razón de un tipo variable que principalmente fue el Euribor. Con la crisis este bajó, y los bancos siguieron cobrando un interés mínimo totalmente desproporcionado al máximo.
Esto último es lo que se conocen como las cláusulas suelo, que como bien es sabido crearon durante principios de década una gran cantidad de procedimientos judiciales para recuperar las cantidades pagadas de más respecto a los tipos inferiores. La resolución de este caso no fue sencilla y al final acabó beneficiando al consumidor que no fue informado correctamente de las condiciones del tipo variable de la hipoteca. La consecuencia directa sobre los bancos fue la devolución de las cantidades cobradas de más, así como la eliminación de la clausula suelo de los contratos.
Pero también salieron a la luz otro tipo de productos financieros, como los swap o las acciones preferentes, que mostraban otra vez que los bancos no informaban adecuadamente a los consumidores y usuarios a la hora de contratar productos financieros de riesgo alto. Y la consecuencia para los consumidores y usuarios, no así para las empresas, fue la rescisión contractual y la devolución de las cantidades cobradas o perdidas.
Con todo esto llegamos a la actualidad, en la que a principios de octubre los clientes de los bancos recibieron con los brazos abiertos una sentencia que vinculaba a los bancos la devolución del Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados, que se devenga con la inscripción notarial de la hipoteca sobre la vivienda a comprar.
Pero ha sucedido algo que nunca había ocurrido en la historia de la democracia, y es que el Presidente del Tribunal Supremo, ha pospuesto los efectos de la sentencia a una decisión que se tomará el 5 de noviembre, y que dejará claro qué va a pasar. Pero sin duda ha sido una mala noticia para aquellas personas que ya habían solicitado judicialmente la devolución de los ingresos indebidos.
Y llegados a este punto hay que hablar de las consecuencias actuales de todo lo que ha sucedido, ya que el derecho gotea en la sociedad y las humedades en forma de consecuencias no han tardado en aparecer. Y esto es lo que vamos a hablar en el artículo de hoy, en el que veremos cómo las hipotecas están paralizándose.
Cómo va a afectar en las hipotecas la Sentencia del Tribunal Supremo
Pues bien, el principal problema con el que nos encontramos en la actualidad es aquel en el que los clientes están negociando o han negociado una hipoteca. Y es que las entidades bancarias se han quedado paralizadas ante la sentencia, aunque han alzado la voz comentando el peligro de que se genere un desplome en las valoraciones bursátiles.
Las primeras estimaciones por las patronales AEB, CECA y Unaac han anunciado ya que van a atacar la Sentencia ante el TJUE. Aunque aquí hay un tema interesante que es que los bancos han empezado a pagar el impuesto que hasta ahora venían pagando los clientes. Esto puede dar lugar a la teoría de los actos propios.
Lo que es cierto, es que desde ya los consumidores que estén en esta situación deberán empezar a poner en manos de abogados y consultores esta situación. La Gestoría Toledano es una gestoría que ofrece servicios jurídicos para poder reclamar el Impuestos de actos jurídicos documentados.
